La ofensiva contra los grupos armados y el narcotráfico, el posible regreso de las fumigaciones aéreas y las nuevas unidades de seguridad urbana pueden profundizar el perfilamiento racial, el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de los afrodescendientes en Colombia, advierten expertos de los derechos humanos. Aunque reconocen los graves desafíos de seguridad, sostienen que la respuesta del nuevo Gobierno debe evitar enfoques predominantemente punitivos y militarizados.
Las nuevas medidas de seguridad y lucha contra las drogas anunciadas por el Gobierno colombiano podrían profundizar patrones de discriminación racial y criminalización de las personas afrodescendientes, advierte un nuevo informe de expertos independientes de la ONU*.
Según los expertos, el racismo sistémico continúa arraigado en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y en el sistema de justicia penal. El informe señala que estereotipos que vinculan a las personas afrodescendientes, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad o la peligrosidad siguen influyendo en sus interacciones con la policía y en su acceso a la justicia.
La advertencia se produce después de que el nuevo Gobierno que asumió el 7 de agosto anunciara una respuesta más contundente frente a los grupos armados y el narcotráfico, así como una intensificación de la erradicación de cultivos ilícitos, que podría incluir el uso de herbicidas por vía aérea.
Los expertos señalan que un regreso a enfoques predominantemente punitivos y militarizados podría repetir impactos desproporcionados que, según documentan, han afectado históricamente a estas comunidades. Al mismo tiempo, reconocen que Colombia enfrenta serios problemas de violencia y crimen organizado.
“Las políticas de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”, afirmó Víctor Rodríguez, miembro del Mecanismo Internacional que realizó el informe.
Durante su visita a Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali, el Mecanismo recibió testimonios sobre paradas y registros policiales que consideró injustificados, así como denuncias de uso excesivo y, en algunos casos, letal de la fuerza.
El informe cita además un estudio realizado en el sistema TransMilenio de Bogotá en 2019, según el cual una persona de piel más oscura tenía 2,67 veces más probabilidades de interactuar con la policía y 2,57 veces más probabilidades de ser detenida, registrada, multada o conducida a una zona restringida.
Los expertos también expresaron preocupación por la propuesta de crear “unidades de defensa de seguridad urbana”. Según el Mecanismo, sin salvaguardias jurídicas claras, supervisión independiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, esas unidades podrían aumentar los perfiles raciales, la estigmatización y la violencia policial contra jóvenes afrodescendientes y otras comunidades históricamente racializadas.
“Una actuación policial eficaz requiere decisiones basadas en evidencia, supervisión independiente y confianza. No puede construirse sobre estereotipos raciales”, afirmó Tracie Keesee, presidenta interina del Mecanismo.
Otra de las preocupaciones se refiere a los comparendos y las multas impuestas por la policía. El Mecanismo afirmó haber recibido denuncias sobre su aplicación arbitraria y discriminatoria, así como sobre la existencia de posibles cuotas informales para policías.
Según el informe, las deudas acumuladas por esas multas pueden dificultar el acceso al empleo y afectar especialmente a jóvenes afrocolombianos y personas en situación de desventaja socioeconómica. Por ello, los expertos recomendaron establecer una moratoria sobre los comparendos y las multas relacionadas mientras se revisa su impacto sobre los derechos humanos, además de condonar las multas pendientes.
Fuente: Noticias ONU
