Las mujeres que buscan a familiares y otras personas desaparecidas en México están expuestas a desapariciones, asesinatos y ataques, en un contexto de impunidad casi total, advierten expertos independientes. Los especialistas recordaron que la búsqueda es responsabilidad del Estado y no puede recaer sobre las familias, y pidieron medidas efectivas para proteger a las buscadoras.
Las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México continúan enfrentando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, han terminado en su propia desaparición o asesinato, advirtieron este miércoles expertos independientes en derechos humanos*.
“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, señalaron, al instar a las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales de protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Los expertos destacaron varios casos recientes en el estado de Sinaloa. El 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.
Tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.
El colectivo ya había sufrido otros ataques. En febrero de este año, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio en Mazatlán. Los Expertos habían expresado previamente al Gobierno mexicano su preocupación por su asesinato y por las amenazas y agresiones contra integrantes de la organización.
Además, señalaron que esta violencia se produce en un contexto de “impunidad casi total”, que favorece la actuación de los responsables.
Para los expertos, la participación de las familias en la búsqueda constituye una parte fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, subrayaron que la responsabilidad principal corresponde al Estado.
“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas también ha señalado anteriormente que las iniciativas de familiares y representantes continúan siendo cruciales para que muchas búsquedas e investigaciones avancen en México.
Los expertos recordaron además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección hacia quienes defienden los derechos humanos y ha advertido de los riesgos específicos que enfrentan en México las mujeres que luchan contra la impunidad.
Fuente: Noticias ONU
