La inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales y el llamado “crimen como servicio” están reduciendo las barreras para que las redes criminales amplíen sus operaciones y alcancen a víctimas en todo el mundo. Un nuevo informe de la ONU señala además que el crimen organizado se diversifica e infiltra cada vez más en la economía legal, y en América Latina sigue soportando una parte desproporcionada de la violencia y de sus costes económicos.
La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales están poniendo herramientas cada vez más sofisticadas al alcance de grupos criminales y facilitando delitos a una escala antes reservada a organizaciones con mayores recursos y conocimientos técnicos.
Así lo señala un nuevo análisis del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), que examina cómo han cambiado el crimen y las respuestas de los sistemas de justicia durante aproximadamente la última década.
Según el informe, la expansión de la IA de código abierto, los servicios de programación por encargo y la facilidad para crear plataformas en línea están ampliando las capacidades de las redes criminales. A ello se suman las comunicaciones cifradas, los activos digitales y modelos de “ciberdelito como servicio”, que permiten contratar o adquirir herramientas para cometer delitos sin necesidad de desarrollar internamente toda la infraestructura técnica.
El impacto ya se refleja en el enorme alcance de las estafas en línea. Una encuesta citada en el informe y realizada en 42 países encontró que, en 2025, el 57% de los adultos había experimentado una estafa durante los doce meses anteriores y el 23% había perdido dinero. Las estimaciones sobre las pérdidas ocasionadas únicamente por estafas alcanzaron hasta un billón de dólares en 2024.
UNICRI advierte, además, que el coste real del ciberdelito probablemente vaya mucho más allá de las pérdidas económicas directas. Entre sus efectos figuran la explotación de personas obligadas a trabajar en centros de estafas, el impacto sobre sus familias y las consecuencias más amplias para economías y sectores productivos.
En América Latina, el informe señala que varios carteles que inicialmente obtenían gran parte de sus ingresos del tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas se han convertido en redes policriminales con intereses en sectores como la agricultura, la minería, la pesca y los recursos naturales.
Estas organizaciones están cada vez más entrelazadas con la economía legal y utilizan su conocimiento de las cadenas de suministro, sus relaciones con empresas y los vínculos con actores corruptos para ampliar sus operaciones.
El análisis menciona, entre otros, al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, así como al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, en Brasil. Los beneficios del comercio ilícito les han permitido diversificarse hacia la minería ilegal, la explotación de recursos naturales y el comercio de productos de alto valor y bienes agrícolas.
Además, algunas organizaciones criminales latinoamericanas están buscando nuevos mercados y rutas fuera de la región mediante alianzas con grupos locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino.
El informe destaca que las redes criminales pueden adaptarse con mayor rapidez que muchos sistemas regulatorios y de aplicación de la ley, aprovechando diferencias entre jurisdicciones y lagunas en los controles financieros y comerciales.
El desempleo, la desigualdad y la marginación social además crean condiciones que facilitan el reclutamiento de jóvenes por estas redes criminales, pandillas y otros actores armados.
Fuente: Noticias ONU
